La aprobación del nuevo Código Penal ha generado nuevamente un debate sobre la defraudación tributaria, especialmente en las operaciones de compra y venta de inmuebles en República Dominicana.
En los últimos días, abogados y especialistas han advertido sobre las posibles consecuencias legales de algunas prácticas utilizadas durante años en ciertas transacciones inmobiliarias. Sin embargo, es importante aclarar que la defraudación tributaria no surge con el nuevo Código Penal, ya que este delito estaba contemplado anteriormente en la legislación dominicana.
Un delito que ya estaba establecido
El Código Tributario (Ley 11-92) establece que existe defraudación tributaria cuando una persona utiliza engaños, oculta información o realiza maniobras para reducir o evitar el pago de impuestos correspondientes.
Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entre las acciones que pueden considerarse fraudulentas están presentar declaraciones falsas, alterar documentos, ocultar información importante o utilizar mecanismos para disminuir las obligaciones fiscales.
Las sanciones pueden incluir multas, prisión, clausura de establecimientos y otras medidas, dependiendo de la gravedad del caso.
El caso que genera preocupación en el sector inmobiliario
Uno de los ejemplos más comentados es cuando una persona compra una propiedad por RD$10 millones, pero en los documentos oficiales aparece un valor de RD$2 millones con el objetivo de pagar menos impuestos por la transferencia del inmueble.
Durante años, especialistas tributarios han señalado que declarar un valor menor al real podría convertirse en una forma de defraudación cuando existe una intención comprobada de engañar a las autoridades.
Con los cambios introducidos en el nuevo Código Penal, algunos juristas consideran que estas conductas podrían recibir mayor atención de las autoridades si se demuestra que hubo una acción deliberada para afectar la recaudación de impuestos.
No toda diferencia de valor significa un delito
Es importante aclarar que una diferencia entre el precio declarado y el valor comercial de una propiedad no significa automáticamente que exista un delito.
En el mercado inmobiliario pueden existir diferencias entre el precio acordado por las partes, las tasaciones privadas y las valoraciones realizadas por la DGII.
Para establecer una responsabilidad penal, las autoridades deben demostrar que hubo una maniobra fraudulenta con la intención de engañar a la Administración Tributaria. Esa evaluación corresponde al Ministerio Público y posteriormente a los tribunales.
Mayor vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias
Especialistas en derecho consideran que el nuevo Código Penal refuerza el mensaje de que las autoridades tendrán mayor interés en perseguir los mecanismos utilizados para evadir impuestos mediante información falsa o manipulada.
Las personas declaradas culpables podrían enfrentar sanciones penales, además de las responsabilidades económicas establecidas por la legislación.
Durante una investigación, el Ministerio Público también puede solicitar medidas cautelares sobre bienes relacionados con un proceso, aunque esto no significa que el Estado pase automáticamente a ser propietario de una propiedad. Cualquier decomiso definitivo requiere una decisión judicial.
La importancia de declarar correctamente
La situación representa una advertencia para compradores, vendedores, inversionistas, agentes inmobiliarios, constructores y notarios sobre la importancia de realizar transacciones transparentes y cumplir con las obligaciones tributarias.
Declarar correctamente el valor de una operación, conservar documentos de respaldo y contar con asesoría profesional son medidas que pueden evitar problemas legales y fiscales en el futuro.
El impacto real de estas disposiciones dependerá de cómo sean aplicadas por las autoridades y de las decisiones que adopten los tribunales en los próximos casos relacionados con defraudación tributaria.
