La República Dominicana inició este lunes 3 de agosto de 2026 una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, una reforma que sustituye la legislación que estuvo vigente desde 1884. La actualización pone fin a casi tres décadas de debates en el Congreso Nacional y adapta el marco jurídico a nuevas realidades sociales, tecnológicas y criminales.
La nueva normativa, promulgada mediante la Ley 74-25, incorpora decenas de figuras delictivas que no estaban contempladas en el código anterior y endurece las sanciones para diversos crímenes. Entre los cambios más relevantes se encuentra el aumento de la pena máxima de prisión mayor a 40 años, así como la posibilidad de acumular condenas de hasta 60 años en casos de múltiples delitos.
Uno de los avances más significativos es la incorporación de delitos cometidos en el entorno digital. Por primera vez, el Código Penal establece sanciones específicas para el ciberacoso, el robo de identidad y la difusión de imágenes o contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima, incluyendo material alterado o manipulado digitalmente. La legislación también precisa que estas disposiciones no podrán utilizarse para limitar el ejercicio de la libertad de expresión ni el trabajo periodístico cuando se trate de asuntos de interés público.
Además de fortalecer la protección frente a los delitos tecnológicos, el nuevo Código Penal incorpora tipos penales como el feminicidio, el sicariato, las estafas piramidales, el genocidio y los ataques con sustancias químicas, conocidos popularmente como "ácido del diablo", entre otras conductas que ahora cuentan con una regulación específica.
La aprobación de esta reforma fue el resultado de un proceso legislativo que se extendió durante casi 30 años y estuvo marcado por intensos debates sobre temas de alta sensibilidad. Entre los asuntos que finalmente quedaron fuera del texto aprobado figuran la despenalización del aborto bajo las denominadas tres causales, la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción administrativa y la regulación de los métodos disciplinarios aplicados por los padres a sus hijos.
El Código Penal que dejó de regir este lunes había sido adoptado en el siglo XIX y, con el paso del tiempo, quedó rezagado frente a los cambios tecnológicos, sociales y jurídicos experimentados por el país. Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, las autoridades buscan ofrecer un marco legal más actualizado para enfrentar las nuevas modalidades delictivas y fortalecer el sistema de justicia.
Aunque la nueva legislación ya comenzó a aplicarse, algunas reformas complementarias aprobadas recientemente por el Congreso Nacional, relacionadas con temas de libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, deberán completar el proceso legal correspondiente antes de entrar en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Como parte del seguimiento a la implementación de la nueva normativa, el presidente Luis Abinader anunció la creación de una comisión integrada por juristas y representantes del sector periodístico, cuya misión será evaluar posibles ajustes y proponer futuras modificaciones para mantener actualizado el Código Penal conforme evolucionen las necesidades del país.
