Santo Domingo.– El Ministerio Público reiteró la contundencia probatoria que, según afirma, ha acumulado en las 34 líneas de imputación contenidas en la acusación por corrupción administrativa contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros acusados.
El órgano persecutor sostiene que el expediente documenta una presunta estructura criminal organizada que habría utilizado la institucionalidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para ejecutar acciones destinadas a la sustracción de fondos públicos, lavado de activos y otros delitos.
De acuerdo con la acusación, los hechos investigados habrían provocado un perjuicio superior a RD$6,000 millones al Estado dominicano. El Ministerio Público afirma además que la estructura habría perseguido la acumulación de riqueza ilícita y objetivos relacionados con la construcción de una carrera política.
El expediente reúne 34 líneas de investigación que abarcan desde presuntas irregularidades en procesos de compras y contrataciones hasta alegados casos de sobornos, desfalco, lavado de activos, manipulación de documentos, sabotaje informático y utilización irregular de bienes incautados.
1. Comité de Compras y Contrataciones: el Ministerio Público acusa de utilizar este órgano como instrumento para presuntamente defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, además de emplearlo como mecanismo de extorsión y manipulación de procesos. Según la acusación, decenas de actas del comité habrían sido falsificadas.
2. Estafa en suministro de alimentos: la acusación señala una supuesta contratación fraudulenta para suministrar alimentos a recintos penitenciarios y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad. El Ministerio Público vincula el esquema con empresas que, según sostiene, eran controladas por el acusado Rolando Rafael Sebelén, señalado como cuñado de Jean Alain Rodríguez.
3. Maniobras fraudulentas con documentos: el órgano persecutor atribuye a los acusados la presunta falsificación y manipulación digital de documentos, incluyendo la superposición de firmas y sellos para simular actas de sesiones que, según la investigación, nunca se habrían celebrado.
4. Destrucción masiva de archivos: el Ministerio Público sostiene que se habrían ejecutado acciones sistemáticas de trituración y destrucción de documentos públicos relacionados con compras realizadas durante los meses de julio y agosto de 2020, con el supuesto objetivo de ocultar actos ilícitos.
5. Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN del Inacif: la acusación incluye un supuesto esquema de falsedad y soborno que habría permitido adquirir equipos considerados inservibles, provocando, según el Ministerio Público, pérdidas millonarias para el Estado.
6. Plan de Humanización: el Ministerio Público acusa de utilizar de manera irregular el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, incluyendo el proyecto del CCR La Nueva Victoria, para presuntamente captar sobornos millonarios y lavar activos mediante diferentes empresas contratistas.
7. Recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados: la acusación señala supuestas operaciones relacionadas con las empresas AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella, mediante las cuales se habría canalizado información privilegiada y pagos vinculados a presuntos sobornos.
8. Desfalco mediante boletos aéreos: el Ministerio Público sostiene que se habrían adquirido pasajes aéreos y hospedajes con fines personales y políticos, utilizando facturas que, según la acusación, fueron empleadas para encubrir los gastos.
9. Fraccionamiento de contrataciones con fines ilícitos: se acusa de subdividir sistemáticamente procesos de compra con el supuesto propósito de favorecer a determinadas empresas y evitar los procedimientos correspondientes a las licitaciones públicas.
10. Financiamiento ilícito de carrera política: según el Ministerio Público, se habrían desviado recursos presupuestarios, nóminas e instalaciones públicas de organismos como el CEI-RD y la PGR para actividades de propaganda y proselitismo vinculadas al Movimiento Político Renovación.
11. Lavado de activos a través de un testaferro: la acusación señala la adquisición de una sede del Movimiento Renovación utilizando presuntamente un prestanombre y pagos en efectivo por aproximadamente US$1,268,500, con el supuesto objetivo de ocultar al verdadero beneficiario.
12. Estructura de propaganda y acoso mediante una “granja de bots”: el Ministerio Público sostiene que se habrían creado más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y realizar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.
13. Pago masivo de “botellas”: según la acusación, se habrían contratado empleados que no realizaban labores efectivas y que supuestamente debían devolver entre el 85 % y el 90 % de sus salarios para destinar esos recursos al financiamiento de la estructura de cuentas falsas.
14. Contratación irregular de asesores internacionales: el Ministerio Público incluye la contratación presuntamente irregular de asesores mexicanos, conocidos en el expediente como “Los Tequilas”, quienes habrían recibido pagos mediante efectivo, transferencias internacionales y presuntos sobornos con el objetivo de fortalecer la carrera política del acusado.
15. Sustracción de fondos para asesores de comunicación: la acusación señala un supuesto desvío de millones de pesos para pagar consultorías de la empresa Comunicación Pública, S.L., que, según el órgano persecutor, carecían de productos institucionales verificables.
16. Simulación de capacitaciones institucionales: el Ministerio Público sostiene que se habrían utilizado supuestas capacitaciones para encubrir pagos relacionados con asesoría de imagen y manejo de crisis política, incluyendo servicios atribuidos a Desarrollo, Individuo & Organización.
17. Desfalco y fraude en la subasta PSBI-01-2019: la acusación contempla presuntas irregularidades en la disposición, tasación y administración de bienes incautados, además de una supuesta retención ilegal de bienes en beneficio del acusado mediante el uso de un testaferro.
18. Desfalco en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados: según el Ministerio Público, se habrían producido operaciones millonarias mediante cheques emitidos sin fundamento y modificaciones de contratos realizadas pocos días antes del cambio de gestión gubernamental.
19. Desvío de evidencias y armas de fuego: el órgano persecutor acusa de la presunta sustracción y utilización irregular de armas de fuego incautadas que no habrían sido devueltas a la cadena de custodia oficial.
20. Asignación ilícita de bienes incautados: la acusación sostiene que inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas habrían sido utilizados para beneficio personal mediante sociedades que, según el Ministerio Público, funcionaban como estructuras de fachada.
21. Sobrevaluación en antropología forense: el expediente incluye una supuesta manipulación de informes técnicos para favorecer a determinados suplidores en la adquisición de equipos para el Inacif mediante fondos provenientes de cooperación internacional.
22. Estafa en servicios de transporte: el Ministerio Público señala la presunta creación de múltiples contratos simulados para el alquiler de vehículos, con el supuesto objetivo de apropiarse de fondos públicos.
23. Creación de necesidades ficticias: la acusación sostiene que se habrían creado necesidades institucionales ficticias para monopolizar servicios de impresión y desviar decenas de millones de pesos, en un esquema relacionado con ACBS Servicios S.R.L.
24. Recepción de sobornos: el Ministerio Público señala a las empresas Displa y TRANSFA dentro de una supuesta estructura de extorsión a proveedores, mediante la cual se habrían exigido pagos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.
25. Desvío de materiales de construcción: según la acusación, materiales adquiridos con fondos institucionales habrían sido sustraídos y utilizados posteriormente en propiedades privadas.
26. Desvío y uso ilícito de bloqueadores de señal y equipos anti-drones: el Ministerio Público sostiene que se habrían adquirido equipos de seguridad con fondos públicos para ser utilizados en actividades políticas y que algunos de estos equipos habrían sido desviados para beneficio personal.
27. Maquinaria de soborno y estafa: la acusación describe una supuesta estructura mediante la cual se habrían utilizado recursos institucionales para exigir pagos de sobornos de forma compulsiva, incluyendo presuntas amenazas y chantajes contra beneficiarios de adjudicaciones.
28. Fraude inmobiliario: el expediente contempla una presunta sobrevaloración millonaria en la compraventa de un solar, cuyos fondos, según el Ministerio Público, habrían sido utilizados posteriormente para adquirir un apartamento privado.
29. Sabotaje informático y borrado de bases de datos: el órgano persecutor acusa de la eliminación de bases de datos, utilización de software de espionaje, simulación de ataques de ransomware y desvío de contrataciones relacionadas con servicios tecnológicos.
30. Adquisición y equipamiento fraudulento de una villa y un yate: según la acusación, una villa ubicada en Casa de Campo y un yate habrían sido adquiridos y equipados utilizando presuntamente recursos provenientes de sobornos.
31. Destrucción e intento de destrucción de documentos y pruebas: el Ministerio Público sostiene que se habrían destruido o intentado destruir miles de documentos y elementos probatorios con el supuesto objetivo de obstaculizar la persecución de los hechos investigados y favorecer a organizaciones criminales.
32. Adquisición y equipamiento fraudulento de un local: la acusación incluye la compra y equipamiento presuntamente irregular de un local destinado a oficinas, cuyo valor habría superado los RD$60 millones.
33. Declaración jurada y enriquecimiento ilícito: el Ministerio Público sostiene que se habría producido un ocultamiento de patrimonio, incluyendo yates, inmuebles y obras de arte, así como una supuesta sobrevaloración de activos para justificar un incremento patrimonial considerado desproporcionado.
34. Lavado de activos corporativos: finalmente, la acusación señala el supuesto uso de decenas de sociedades comerciales que serían empresas de fachada o inoperantes, utilizadas presuntamente para legitimar recursos provenientes de los actos de corrupción investigados.
El Ministerio Público sostiene que el conjunto de estas 34 líneas de imputación demuestra la existencia de una estructura organizada que habría utilizado recursos, bienes y mecanismos de la Administración pública para obtener beneficios económicos y políticos.
El órgano persecutor reiteró su compromiso de procurar ante los tribunales las sanciones correspondientes para quienes resulten responsables y de trabajar en la recuperación del patrimonio que, según sostiene, habría sido sustraído al Estado dominicano.
Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y corresponden a los planteamientos del Ministerio Público. La responsabilidad penal de Jean Alain Rodríguez y de los demás acusados deberá ser determinada por los tribunales competentes conforme avance el proceso y se conozcan las pruebas presentadas por las partes.
