Washington, EE. UU.– Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump detener la construcción de un salón de baile valorado en unos 400 millones de dólares en el lugar donde se encontraba el demolido Ala Este de la Casa Blanca.
La decisión representa un importante revés para Trump y pone nuevamente bajo cuestionamiento hasta dónde llegan las facultades del presidente para modificar el complejo de la Casa Blanca sin autorización del Congreso.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, con una votación dividida de 2-1, mantuvo una orden judicial preliminar obtenida por el National Trust for Historic Preservation, organización que demandó al gobierno después de que la administración demoliera el Ala Este e iniciara la construcción del proyecto.
El proyecto contempla un salón de aproximadamente 90,000 pies cuadrados, equivalentes a unos 8,360 metros cuadrados. La organización conservacionista sostiene que la administración debía obtener autorización del Congreso antes de avanzar con la construcción.
La corte decidió suspender la aplicación de su fallo durante 14 días para permitir que la administración de Trump pueda presentar una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso llegó a la corte de apelaciones después de que el juez federal Richard Leon bloqueara en dos ocasiones la construcción sobre el nivel del suelo, aunque permitió que continuaran los trabajos subterráneos. Leon, designado durante la presidencia del republicano George W. Bush, había determinado que ninguna ley federal otorgaba al presidente la autoridad necesaria para construir el salón sin la aprobación del Congreso.
La administración Trump ha defendido el proyecto argumentando que el nuevo espacio es necesario para celebrar grandes eventos oficiales y mejorar la seguridad de la Casa Blanca. El proyecto forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por Trump para modificar importantes edificios y espacios del centro de Washington.
Durante los argumentos ante la corte de apelaciones, el abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, sostuvo que los tribunales no deberían intervenir en un proyecto financiado de manera privada y argumentó que detener las obras habría sido inapropiado.
Roth también afirmó que las objeciones arquitectónicas del grupo conservacionista no deberían prevalecer sobre las preocupaciones de seguridad nacional. Según el gobierno, la antigua estructura del Ala Este dejaba al presidente y a otras personas dentro de la Casa Blanca más expuestos a posibles ataques.
El abogado del National Trust for Historic Preservation, Thaddeus Heuer, respondió que el gobierno simplemente no quería acudir al Congreso para obtener la autorización correspondiente.
Trump también ha defendido el costo del proyecto, que se ha incrementado hasta aproximadamente 400 millones de dólares desde las primeras estimaciones. El presidente explicó anteriormente que el aumento se debe a que el salón será aproximadamente el doble de grande y tendrá una calidad superior a la propuesta original.
El caso podría llegar ahora a la Corte Suprema, mientras permanece vigente la orden que impide continuar con la construcción sobre el nivel del suelo.
