La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una de las mayores crisis migratorias de su historia después de que decenas de miles de personas cruzaran de forma irregular la frontera desde Marruecos en apenas 24 horas. Las autoridades locales estiman que alrededor de 60.000 migrantes ingresaron al enclave español, mientras que el Ministerio del Interior de España maneja una cifra cercana a los 50.000 cruces, un volumen que supera ampliamente cualquier episodio registrado anteriormente.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la situación como "insostenible" y aseguró que el número de personas que ingresó equivale a cerca del 70 % de la población de la ciudad, que cuenta con unos 83.000 habitantes. Además, confirmó que al menos 34 personas perdieron la vida durante los intentos de cruce, la mayoría al tratar de llegar a nado o durante avalanchas en la zona fronteriza.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español desplegó refuerzos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y unidades militares para reforzar el control de la frontera. Al mismo tiempo, Marruecos incrementó la presencia de sus fuerzas de seguridad, utilizando camiones con cañones de agua y otros dispositivos para impedir nuevos intentos de ingreso.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó de inmediato a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde sostuvo reuniones con responsables de seguridad. Durante su comparecencia, Sánchez calificó lo ocurrido como un hecho "inesperado" y aseguró que España protegerá la integridad territorial de Ceuta "como si se tratara de Madrid". También afirmó que las autoridades marroquíes están colaborando para acelerar el retorno de los migrantes que ingresaron de forma irregular.
El mandatario explicó además que durante 2025 los flujos de inmigración irregular hacia España habían disminuido alrededor de un 40 %, por lo que el episodio registrado en Ceuta rompe completamente la tendencia observada durante los últimos meses.
La crisis también provocó una fuerte reacción política dentro de España. El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el país enfrenta una crisis de seguridad nacional y pidió una respuesta inmediata del Gobierno. Por su parte, Santiago Abascal, presidente del partido Vox, calificó los cruces como una "invasión" y responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación.
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió que cesen de inmediato los cruces peligrosos y confirmó que la Comisión trabaja junto con España y Marruecos para coordinar la respuesta. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, mantiene contactos con las autoridades españolas, mientras que la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, coordina conversaciones con el Gobierno marroquí.
Uno de los factores que, según el Gobierno español, pudo influir en el aumento de los cruces fue una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla. Las autoridades sostienen que organizaciones dedicadas al tráfico de personas habrían aprovechado esa decisión judicial para difundir información errónea y alentar el desplazamiento masivo hacia la frontera.
Mientras tanto, miles de personas permanecen en Ceuta a la espera de ser identificadas y trasladadas, aunque el Gobierno informó que aproximadamente la mitad de quienes ingresaron ya ha regresado a Marruecos mediante procesos de retorno coordinados entre ambos países.